Dr. Álvaro Carvajal Villaplana
En la Asociación La Sala (una ONG para y de las mujeres trabajadoras sexuales) se considera necesario crear una legislación laboral para garantizar los derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales (MTS). Es decir, una legislación que reconozca y regule el trabajo sexual, con el propósito de evitar la explotación laboral de que muchas son víctimas.
En Costa Rica no existe una legislación que condene o prohíba el trabajo sexual, tampoco contamos con una legislación que garantice tales derechos. Se trata de un asunto muy importante para la vida de muchas mujeres costarricenses y migrantes. Creemos que el Estado ha mostrado -en general- un desinterés total en comprender y dar solución a esta problemática. Más aún, cuando se ha planteado alguna regulación del trabajo sexual, ha sido para tomar medidas represivas contra dichas trabajadoras. Ha predominado el prejuicio de “limpiar las calles de la ciudad”. Buen ejemplo de ello es la figura de proxenetismo, creada con rango delictivo. No se trata de un instrumento legal que contribuya a proteger a las MTS de los abusos que cometen los(as) administradores(as) de los burdeles, así como de los atropellos de los clientes. De hecho, a pesar de esa figura delictiva, el proxenetismo es tolerado por las autoridades correspondientes; salvo cuando se hace referencia al tema en ciertas maniobras publicitarias y amarillistas. Pero la realidad es que dicha figura es un obstáculo para la creación de una legislación moderna y vanguardista sobre el polémico tema.
Es importante distinguir los actos delictivos de los laborales, y tener una legislación acorde. En el caso de muchas mujeres y hombres costarricenses, el trabajo sexual como práctica social es –en gran medida– consecuencia de un aprendizaje distorsionado de la sexualidad; por ejemplo, con respecto a instituciones como el matrimonio y la monogamia. Dicho aprendizaje se encuentra en la estructura profunda de la cultura costarricense. Pero, también, lo vemos como uno de los aspectos medulares que coartan a las MTS, pues no solo limita sus oportunidades para acceder a otras formas de trabajo, sino que además reduce toda sus perspectivas para desarrollarse adecuada y dignamente. En este sentido, los supuestos intentos institucionales para regular el trabajo sexual sólo atacan los efectos del problema, pero no atienden a las causas del fenómeno del trabajo sexual. Por tanto, mientras que las causas estructurales existan, es indispensable la creación de una legislación laboral moderna y progresista del trabajo sexual.
En el país, la mayor parte del trabajo sexual es realizado por mujeres costarricenses. Históricamente, se trata de una respuesta laboral a la falta de oportunidades y al exceso de obligaciones familiares. Muchas mujeres han debido optar por ella. En tal sentido, es necesario entender que este tipo de trabajo determina, en muchos casos, el centro de la economía familiar.
Actualmente, muchas mujeres migrantes realizan aquí este tipo de trabajo. Ellas también requieren de una regulación legal adecuada, que estabilice su situación migratoria y laboral, e impida que se les someta al tráfico y la esclavitud sexual.
En las condiciones actuales del desarrollo costarricense concebimos el trabajo sexual de personas adultas como una opción válida, semejante a cualquier otro trabajo como, por ejemplo, el doméstico, que ya ha sido regulado. Los maltratos que sufren las mujeres por la carencia de una legislación adecuada a sus intereses. Muchos abusos contra ellas se han hecho comunes.
En general, las intervenciones legales o institucionales represivas revictimizan a las trabajadoras sexuales. Esta doble victimización, junto con el estigma social, dificulta mucho la labor de exigir respeto por sus derechos. Por eso, es importante que se le proporcione voz a este grupo de la población en el ámbito de la esfera pública. Las mujeres trabajadoras sexuales deben tener derecho a dar y pedir razones sobre su situación; deben tener derecho a ser escuchadas y tomadas en cuenta cual personas dignas. Hay que elaborar una agenda social acorde con sus intereses, que forme parte de la agenda de las políticas públicas.
Las mujeres trabajadoras sexuales constituyen un grupo minoritario de la sociedad costarricense; pero, al igual que el resto de la ciudadanía, requieren que el Estado les brinde una atención equitativa y adecuada.
